Enciclopedia Británica: castigos para la traición

Autor: Enciclopedia Británica

Artículo: Traición (1911)

Sección: Castigo

El castigo de la traición en el common law inglés era bárbaro en extremo.^[1] La sentencia en el caso de un hombre era que el delincuente fuese arrastrado sobre una valla hasta el lugar de la ejecución, que ahí fuese colgado por el cuello, aunque no hasta que estuviese muerto; y que, estando vivo, fuese destripado y que luego su cuerpo sea descuartizado en cuatro pedazos, quedando la cabeza y los cuartos a disposición de la Corona. Hasta 1790, según la ley común, la mujer era traída al lugar de ejecución y ahí quemada. Ese año se sustituyó la horca por la quema en el caso de las mujeres traidoras. En 1814, la parte de la sentencia relativa al ahorcamiento y al destripamiento se cambió por ahorcamiento hasta que sobreviniera la muerte. El arrastramiento, y la decapitación y el descuartizamiento después de la horca, fueron abolidos en 1870. No existe una legislación que autorice la ejecución de traidores dentro de los muros de una prisión como en el caso de asesinato (ver el artículo Pena Capital). La ley de 1814, en el caso de los hombres, autoriza a la Corona, por orden del sign manual del soberano, refrendado por un secretario de Estado, a cambiar la sentencia por decapitación. La proscripción y el decomiso por traición están abolidos por la Ley de Decomisos de 1870, excepto cuando el delincuente haya sido declarado fuera de la ley.^[2] La pena máxima por un delito grave según la ley de 1848 es la servidumbre penal de por vida. En cada indulto de traición, el delito debe especificarse particularmente (ver el artículo Indulto).

Los juicios por traición en Gran Bretaña e Irlanda fueron frecuentes en un momento y ocupan una gran parte de los numerosos volúmenes de los juicios estatales. Se pueden mencionar algunos de los más interesantes. Antes del Estatuto de las Traiciones estaban los de Gaveston y los Despensers en el reinado de Eduardo II, acusados de usurpación del poder real. Después del estatuto estaban (algunos ante los pares por juicio o impeachment, la mayoría ante los tribunales penales ordinarios) esos de Empson y Dudley, Fisher, More, el conde de Surrey, el duque de Somerset, Ana Bolena, Lady Jane Grey, Sir Thomas Wyatt, Cranmer, María I, la reina de Escocia, Sir Walter Raleigh, Strafford, Laud, Sir Henry Vane y otros regicidas, William Lord Russell, Algernon Sydney, el duque de Monmouth, y los implicados en la Peregrinación de Gracia, la conspiración de la Pólvora^[3], el complot Papista, el complot de Rye House^[4] y otras conspiraciones. Ya se han mencionado los casos en que el procedimiento fue por un decreto de extinción, en los que se condenaba sin juzgar. Ocasionalmente, el resultado de un juicio se confirmaba por medio de estatutos. En algunos de estos juicios, como es bien sabido, se forzó considerablemente la ley para asegurar una condena. Desde la Revolución se han dado los casos de los que tomaron parte en los levantamientos de 1715 y 1745, Lord George Gordon en 1780, Thomas Hardy y Horne Tooke en 1794, los conspiradores de Cato Street en 1820, Thomas Frost en 1840, Smith O' Brien en 1848, y Arthur Lynch en 1903, por adherirse, ayudar y acomodar a los enemigos del rey en la guerra de Sudáfrica.^[5] La mayor parte de los juicios por traición se informan en los juicios estatales de Howell y la Nueva Serie de juicios estatales. El estatuto de 1351, tal como lo interpretaron los jueces en estos casos, sigue siendo el estándar por el cual se determina que un acto es traición o no. La interpretación judicial se ha visto a veces forzada para encontrarse con casos que apenas están dentro de la contemplación de los artífices del estatuto; por ejemplo, se convirtió en doctrina establecida que una conspiración para hacer la guerra contra la persona del rey o para encarcelarlo o deponerlo podría presentarse como un acto abierto de tramar su muerte, y que las palabras habladas, aunque en sí mismas no podrían equivaler a traición, podrían constituirse en un acto manifiesto, y por lo tanto ser prueba. Además de las decisiones sobre casos particulares, los jueces, en diferentes momentos, llegaron a resoluciones generales que tuvieron un efecto apreciable en la ley. Las resoluciones principales fueron las de 1397 (confirmadas en 1398), las de 1557 y las acordadas en el caso de los regicidas en la Restauración e informadas por Sir John Kelyng. El efecto de esta legislación es tal, según Sir James Stephen, que las construcciones judiciales que se extienden de la imaginación de la muerte del rey a la imaginación de su muerte, destrucción o cualquier daño corporal tendiente a la muerte o destrucción, mutilación o herida, encarcelamiento o restricción, han sido adoptadas; mientras que las construcciones que hacen la imaginación de su deposición, conspirar para hacer la guerra contra él e instigar a los extranjeros a invadir el reino, no han sido abolidas, pero se dejan descansar en la autoridad decidida para los casos. La legislación vigente en 1878 en cuanto a traición y delitos afines fue recopilada por el difunto R. S. Wright, y su sustancia fue incorporada en un proyecto de ley de consolidación, y en 1879 la ley existente se incorporó en el proyecto de ley de códigos penales. El código establece una distinción entre la traición y los crímenes de traición: los primeros incluyen tales actos (omitiendo los que son obviamente obsoletos) por la Ley de Traición de 1351, y en la legislación posterior son considerados como traición propiamente dicha; los segundos incluyen los delitos contenidos en la Ley de Delitos Graves de Traición de 1848.

En las palabras del borrador de la ley (sección 76): “traición es (a) el acto de matar a Su Majestad, o causarle cualquier daño corporal tendiente a la muerte o destrucción, mutilar o herir, y el acto de encarcelarla o restringirla; o (b) la formación y manifestación mediante un acto abierto de la intención de matar a Su Majestad, o de causarle cualquier daño corporal tendiente a la muerte o destrucción, mutilar o herir, o encarcelarla o restringirla; o (c) el acto de matar al hijo mayor y heredero de Su Majestad, o a la reina consorte de cualquier rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda; o (d) la formación y manifestación mediante un acto abierto de la intención de matar al hijo mayor y heredero aparente de Su Majestad, o a la reina consorte de cualquier rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda; o (e) conspirar con cualquier persona para matar a Su Majestad, o para causarle cualquier daño corporal tendiente a la muerte o destrucción, mutilar o herir, o conspirar con cualquier persona para encarcelarla o restringirla; o (f) hacer la guerra contra Su Majestad con la intención de deponerla del estilo, honor y nombre real de la Corona Imperial del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda o de cualquier otro de los dominios o países de Su Majestad; o con el fin de obligar por la fuerza o la coacción a Su Majestad a cambiar sus medidas o consejos, o con el fin de intimidar o imponer a ambas Cámaras o a cualquiera de las Cámaras del Parlamento; o (g) conspirar para hacer la guerra contra Su Majestad con cualquier intención o para cualquier propósito antes mencionado; o (h) instigar a cualquier extranjero por la fuerza a invadir este reino o cualquier otro de los dominios de Su Majestad; o (i) ayudar a cualquier enemigo público en guerra con Su Majestad en dicha guerra por cualquier medio; o (j) violar, ya sea con su consentimiento o no, a una reina consorte, o a la esposa del hijo mayor y heredero del rey o la reina reinante”.

Ninguna cantidad de tiempo de residencia en el extranjero exime a un súbdito británico de la pena de traición si se levanta en armas contra el rey, a menos que se haya naturalizado como súbdito de un estado extranjero antes del estallido de la guerra en la que porta armas. Naturalizarse como súbdito de un enemigo durante una guerra es en sí mismo un acto de traición. Está bien establecido que un residente extranjero dentro del territorio británico debe lealtad local a la Corona y puede ser acusado de alta traición, y hay numerosos casos de enjuiciamiento de extranjeros por traición. Tales son los casos de Leslie, obispo de Ross, embajador de la reina de Escocia ante la reina Isabel (1584), el marqués de Guiscard en el reinado de la reina Ana, y Gyllenborg, embajador de Suecia ante Jorge I (1717). Los procesos contra embajadores por traición a la patria nunca han ido más allá de la prisión, más para custodiarlos que como castigo. En 1781, La Motte, un francés residente en Inglaterra, fue condenado por mantener comunicaciones traicioneras con Francia, y en Canadá los ciudadanos estadounidenses fueron juzgados por traición por ayudar en la rebelión de 1837–1838 (ver Forsyth, 200). La asistencia de un extranjero residente a los invasores del territorio británico es alta traición, incluso si el territorio en cuestión está ocupado militarmente por las fuerzas de la potencia extranjera.

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